El estado de derecho se caracteriza, a diferencia de los modelos autoritarios, en que el poder del Estado se encuentra limitado por la Constitución, es decir, por la ley. La razón de ser de las constituciones fue la de limitar el poder del rey y controlar el destino del dinero recogido en los impuestos.
La primera Constitución propiamente dicha en España, descartados los fueros que se daban a las ciudades que se conquistaban a los musulmanes en la Edad Media, fue la que alumbraron los liberales de Cádiz en 1812 cuando estaban cercados por Napoleón. Con ella se abolió la esclavitud, la tortura, el castigo físico y la Inquisición. Es cierto que tenía un carácter sectario y que dio más poder al ejecutivo que al legislativo por lo que los gobiernos no pudieron gobernar, pero nos cabe el honor de que ha sido la tercera constitución del mundo, después de la americana y la francesa.
Tras el fallecimiento del general Franco los diputados de la Cortes franquistas, olvidando viejos rencores, se hicieron el harakiri aprobando la Ley para la Reforma política. Fue el gran pacto entre los comunistas y los fascistas, entre La Falange y el Partido comunista, entre Adolfo Suarez y Santiago Carrillo, para que en España hubiera democracia.
El pacto permitió la redacción y aprobación de la Constitución de 1978 cuya base es que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y su grandeza es la proclamación de la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Los únicos que no aceptaron la constitución fueron los antisistema, los que odian todo lo español, la bandera, el himno nacional, el rey y las cortes. Son los que predican esa sociedad igualitaria que es una utopía, pues para conseguirla se tendría que introducir todo tipo de prohibiciones y caeríamos en la tiranía. Pero es que al aplicar las mismas reglas a distintas personas, obtendríamos resultados distintos. Por eso nos hemos de conformar con la igualdad ante la ley, con que la ley esté por encima del poderoso que no, es como decía Marx el que tiene el poder económico sino el que tiene el poder político.
Para conseguir esa igualdad es necesario que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sean independientes y se controlen mutuamente. Evitar que un poder absorba o neutralice a los otros dos, supondría una dictadura.
Lo triste es que la Constitución cuando dice “el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, no se cumple al menos en un tercio de España.
En Cataluña, Baleares, Valencia, Cataluña, País Vasco, Galicia y ahora también en Navarra se está erradicando el español en los ámbitos de la educación, de la justicia y de la función pública. No se puede educar a todos los niños en la lengua nacional, que es el español y que es lo que más une a todos los pueblos y regiones de España desde hace 13 siglos.
Enrique Gómez Gonzalvo 13/12/2019 Referencia 260
Blog 