La igualdad ante la ley de todos los seres humanos sin distinción de raza, sexo, religión, condición económica o social fue una aportación del liberalismo, la ideología nacida en el siglo XVIII y que se extendió en el XIX La democracia, el sistema que permite el cambio de gobierno de forma pacífica sin golpe de Estado ni guerra civil, no basta. Es precisa la igualdad, la igualdad ante la ley. Y es tan importante esta idea que está implícita en la definición misma de nación: “asociación de un conjunto de ciudadanos libres e iguales” y se plasmó por primera vez en la Constitución de Cádiz de 1812.
Doscientos años después, esta igualdad ante la ley no se ha conseguido en España ni en las comunidades con idioma regional ni en el País vasco por admitir la existencia de los derechos históricos.
En Cataluña, y también en la Comunidad Valenciana, en el País vasco, en Galicia y en Navarra los que no hablan el idioma regional, no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna, el español, idioma oficial del Estado, el que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de hablar según la Constitución.
A consecuencia de lo anterior un niño que nace en Cornellá, si sus padres son castellanohablantes, es como el magrebí que tiene que aprender el español cuando llega a España o el español que tiene que aprender el inglés si va a Inglaterra. Ese niño es un extranjero en su propio país. Tampoco podrá acceder a los puestos de trabajo que dependan de la Comunidad.
El reconocimiento de “derechos históricos” a los españoles que viven en el País vasco les sitúa en una situación de privilegio por la existencia del cupo vasco. Los derechos históricos ni existen ni pueden existir porque los pueblos, los territorios, las lenguas y los animales no tienen derechos. Los derechos son siempre individuales, de los ciudadanos, de todos y de cada uno de ellos. No importa que esas leyes discriminatorias hayan sido votadas en el Parlamento. La igualdad ante la ley ha de estar por encima del poder político y de los parlamentos nacionales y regionales.
Con el actual gobierno social comunista tampoco existe igualdad ante la ley desde que se promulgó la Ley sobre violencia de género. Por un mismo delito se castiga de forma diferente a un hombre y a una mujer discriminando a los españoles por su sexo.
Con todo, en el fondo hay un error de conceptos porque la igualdad no es un bien en si mismo y el discurso igualitario, en lugar de preocuparse porque la gente esté bien y a los que tienen menos recursos no les falte nada, pone el acento exclusivamente en la igualdad.
Lamentablemente, la envidia es la base del igualitarismo pregonado por la izquierda. A los envidiosos se les ensalza como personas de elevada moralidad que quieren acabar con la desigualdad, en cambio los que defienden la libertad del ser humano para labrar su propio futuro, son tachados de peligrosos, individualistas e insolidarios.
Enrique Gómez Gonzalvo 16-03-2021 Referencia 340
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