El año pasado Fernando Sabater  y una veintena de intelectuales entre los que destacaban   Mario Vargas Llosa, Albert Boadella,  Arcadi Espada y Carmen Iglesias firmaron  un manifiesto  en defensa del castellano como lengua común de todos los españoles. Proponían  al Parlamento una serie de iniciativas legales, entre las que se contemplaba una modificación de la Constitución y de algunos estatutos autonómicos.

La respuesta  ha   sido  la intensificación de  la persecución del español. El gobierno socialista de Aragón inició en varios  centros pilotos  la enseñanza del bable, también llamado aragonés antiguo,  en algunos centros pilotos de la provincia de Huesca como lengua vehicular. Se trataría de ponerlo  a la altura del español,  de forma que  ambas lenguas serían  cooficiales, lo que constituye una estupidez.  

Según Bermúdez de Castro «el aragonés no existe, es un invento artificial», lo que existen  son  «modalidades lingüísticas diferentes en cada valle del Pirineo de un idioma  antiguo que no se llegó a desarrollar.”

El gobierno social comunista de Pedro Sánchez ha dado un paso más en la persecución del español y,   con  la Ley Celaa,  el castellano ha dejado de ser la lengua vehicular en la enseñanza.

El lenguaje es una tecnología, es un instrumento para el desarrollo científico y cultural. Para desarrollar una lengua es necesario millones de hablantes y muchos años de historia. Hay lenguas que no están capacitadas para la ciencia porque su historia no se lo ha permitido.

Lo que debe servir para unir, para comunicarse, en España se utiliza para separar. Es el arma que utilizan los separatistas  para identificar al extraño, al que es diferente al que  no habla como nosotros. Lo expresó con todo cinismo Jordi Pujol cuando afirmó “el catalán no sirve para nada, salvo para ser catalán”.

Las lenguas no pueden tener más derechos que las personas. Los ciudadanos son quienes tienen derechos lingüísticos y no los territorios ni mucho menos las lenguas.  No se puede obligar  a la gente a hablar una lengua determinada ni menos todavía subvencionarla.

Obligar al ser humano a utilizar una lengua que no quiere hablar, porque por ejemplo  no tenga ninguna posibilidad de futuro, como ocurre actualmente en diversas partes de España, es un atentado a  la libertad.

La raíz del problema es que los que creen que pertenecer a un determinado país o nación, o  raza, o  religión es un privilegio, un valor en sí mismo y se sienten  superiores a los demás, están equivocados porque el nacionalismo siempre termina en conflicto con la comunidad.

             Enrique Gómez Gonzalvo  19/02/2021 Referencia 599

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