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En el estado de derecho,  a diferencia de los modelos  autoritarios, el poder del estado  se encuentra limitado por la constitución, es decir, por la ley. La razón de ser de las constituciones fue la de limitar el poder del rey   y  controlar  el destino  del   dinero recogido  en los impuestos.

La primera constitución propiamente  dicha en España, descartados  los fueros que se daban a las ciudades que se conquistaban a los musulmanes en la Edad Media,  fue la que alumbraron los liberales de Cádiz en 1812 cuando estaban cercados por Napoleón. Con ella se abolió la esclavitud, la tortura, el castigo físico y la Inquisición. Es cierto que tenía un carácter  sectario   y  que dio más poder al ejecutivo  que al legislativo por lo que los gobiernos no pudieron gobernar, pero nos cabe el honor de que ha sido  la tercera constitución del mundo, después de la americana y la francesa.

Tras el fallecimiento del General Franco, los diputados de la Cortes franquistas, olvidando viejos rencores, se hicieron el harakiri  aprobando la Ley para la Reforma política. Fue  el  gran pacto entre los comunistas y los fascistas, entre La Falange y el Partido Comunista, entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, para que en España hubiera democracia.

Se aprobó  la Constitución de 1978 cuya base es que   “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y su grandeza es la proclamación de la igualdad de todos los españoles ante la ley.

Los que no aceptan la constitución son los antisistema, los que odian todo lo español, la bandera,  el himno nacional, el rey  y las cortes. Son los que predican esa  sociedad igualitaria que  es una utopía. Para conseguirla se tendrían  que introducir todo tipo de prohibiciones  y caeríamos en la tiranía. Además,  al aplicar las mismas reglas a distintas personas, siempre obtendríamos resultados distintos.

Nos hemos de conformar con la igualdad ante la ley, con que la ley esté por encima del poderoso, que no es como decía Marx el que tiene el poder económico sino el que tiene el poder político.

Para conseguir esa igualdad   es necesario  que los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, o sea el Gobierno, el Legislativo, el que hace las leyes y el Judicial, el que vigila su cumplimento, sean independientes y se controlen mutuamente. Es necesario evitar que un poder absorba  o neutralice  a los otros dos, lo que supondría una dictadura, comunista o feudal, pero dictadura.

La Constitución la quiere la derecha porque   defiende la propiedad, la familia, la justicia independiente,  la libertad y que nadie le expropie la casa  o el pedazo de tierra que quiere  dejar a sus hijos en herencia. A esto,  los comunistas le llaman la democracia burguesa. Ellos prefieren la dictadura del proletariado y la lucha de clases.

En España no se puede hablar de estado de derecho cuando la Constitución que  dice que “el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”,   no se cumple en un tercio de España.

En Cataluña, Baleares, Valencia, Cataluña, País Vasco,  Galicia y ahora también en Navarra hay un intento  de erradicar  el  español en los ámbitos de la educación, de la justicia y de la función pública. Los padres  no pueden educar a sus hijos en la lengua nacional, que es el español y que es lo que más une a todos los pueblos y regiones de España desde hace 13 siglos.

Enrique Gómez Gonzalvo  13/12/2019  Referencia 260