El supremacismo es creer que un colectivo es superior a otro o a todos los demás. Los nacionalistas, que durante la transición parecieron moderados y se creía que al final aceptarían el orden constitucional, han demostrado ser un grupo de supremacistas xenófobos. Ellos, por considerarse superiores al resto de los españoles, creen deben mandar en todos nosotros y ser para ellos como una colonia.
Cuando se habla de golpe de Estado se piensa en Julio de 1936 o en febrero de 1981, pero catedráticos y juristas coinciden en afirmar que la desconexión de Cataluña, que esto es el “procès”, fue un golpe de Estado sin militares.
Aznar dijo que a lo que más se parece la situación de Cataluña es al golpe del 34, con la diferencia que entonces el gobierno de España con Alejandro Lerroux, Presidente del Consejo de Ministros de la República reaccionó, no mendigando diálogo sino declarando el estado de guerra en Cataluña. En unas horas redujo a los insurrectos, que huyeron por las alcantarillas. A los golpistas no hay que convencerlos sino combatirlos y encarcelarlos.
España podría repetir este acto de fuerza, pues dispone 70.000 policías, 90.000 guardias civiles y 50.000 soldados perfectamente armados, aunque no sería necesario. Sería suficiente con suspender la autonomía de Cataluña y actuar sobre las causas que nos han conducido a esta situación.
El desafío de Cataluña a España comenzó con Artur Mas el 19 de diciembre de 2012 y el Libro Blanco de la Transición en Cataluña. El “pròces” consiste en que la Generalidad, que es una parte del Estado español se rebela contra el propio Estado. Primero se convoca un referéndum ilegal, que ya se ha hecho, después se priva de los derechos a toda la representación parlamentaria no nacionalista y se declara unilateralmente la constitución de la República Independiente de Cataluña
El proceso culmina con la aprobación de las leyes de la desconexión, de la Constitución y la puesta en marcha de las estructuras del nuevo estado: el Banco Central de Cataluña, la Administración tributaria, el Servicio de aduanas, la Seguridad social catalana, el Poder judicial catalán…
España, se supone, se encargará de que Cataluña como estado independiente esté en la OTAN, en la ONU y en la Unión Europea.
Todos los bienes públicos del Estado español situados en el territorio secesionado pasarán a la nueva República independiente “de forma directa y sin contraprestaciones”, mientras que ésta asumirá una parte de la deuda pública española proporcional a su población.
La eventual victoria del “no” no podrá impedir, “pasado un tiempo razonable”, el planteamiento de “nuevos proyectos de consulta sobre la creación del Estado independiente” y así indefinidamente hasta que el resultado sea el “sí”, cuyas consecuencias serían irreversibles.
Enrique Gómez Gonzalvo 10/11/2018 Referencia 356
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