La Ley de memoria histórica permite meter en la cárcel a todos los que digan que hubo cosas buenas durante el franquismo, por ejemplo la construcción de pantanos y a todos que hagan un elogio de la España nacional. Los pantanos, en virtud de esta ley podrían ser destruidos, volados o dinamitados porque casi todos los hizo Franco y gracias a ellos tendremos agua para beber este verano y también agua para regar si se hubiera realizado el Plan hidrológico nacional, en lugar de perderse en el mar, que proyectó Aznar.
Para la izquierda, izquierda, izquierda, el problema más grave no es la ruptura de España empezando por Cataluña, sino el volver a enfrentar a los españoles por una guerra que ocurrió hace 40 años, porque no se trata de estudiar todos los delitos cometidos durante la guerra, la dictadura y la transición por ambos bandos, incluyendo los cometidos por ETA y por el GAL de Felipe González, sino solamente los del bando nacional.
No se van a investigar los orígenes de la Guerra civil, que fue querida y provocada por el PSOE dando un golpe de Estado en 1934 provocando la Revolución de Asturias, y al fracasar tuvieron que matar los escoltas de Indalecio Prieto al jefe de la oposición parlamentaria Calvo Sotelo para provocar al general Franco, el más prestigioso general en aquellos momentos, para que se decidiera e iniciara la sublevación.
Tampoco incluirá la corrupción durante la época de Felipe González, donde tres vicepresidentes tuvieron que dimitir. El vicepresidente Guerra porque tenía a su hermano Juan en un edificio al lado del de la Junta de Andalucía, donde a través de un cafelito con comisión añadida, que era el medio de contacto habitual, compraba los favores para que aceleraran los trámites en la Junta. Narcis Serra dimitió porque espiaba a todo el mundo, empezando por el Jefe del Estado. Navarro Rubio, el Gobernador del Banco de España, porque mantenía una cuenta opaca para operar en bolsa con Manuel de la Concha, el presidente de la bolsa de Madrid. Solchaga, ministro de Economía porque jugaba a la bosa y, siendo Ministro de Economía, con sus declaraciones podía hacer subir o bajar las cotizaciones. Los ERES, que eran los fondos de la Comunidad Europea y del Estado Español que iban dirigidos a los parados, fueron derivados a los partidos y sindicatos de izquierda (PSOE, IU, UGT y Comisiones) comenzaron en Andalucía en 1990 y junto con los cursos de formación, supusieron unos 800 millones de euros de latrocinio.
Pero, ¡qué afición por robar! Y ¿a esto le llaman socialismo? Quizá sea porque piensan como Carmen Calvo que decía que el dinero público no es de nadie. No Carmen. El dinero público no es del gobierno, no es del Estado, no es del ministerio de Hacienda, los dueños del dinero somos los ciudadanos, y por eso, los que roban tienen que ir a la cárcel.
La Presidenta de la Junta de Andalucía ha dado un paso más. Ha propuesto la creación de una asignatura para todos los inscritos desde educación primaria hasta la universidad, incluyendo también a los alumnos de educción de adultos.
Enrique Gómez Gonzalvo 07/07/2018 Referencia 293
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