La corrupción de los políticos siempre será un problema porque está en la naturaleza humana que el que tiene poder tiende a abusar del mismo y a utilizarlo para su beneficio personal. La solución consiste en que el poder judicial sea independiente del poder ejecutivo para que los políticos que delinquen, que roban, sean castigados con todo el peso de la ley.
La primera Caja de Ahorros fue inventada por el Padre Ferrer y se llamaba Monte de Piedad y, su finalidad, siguiendo un modelo italiano de tipo católico, era dar pequeños préstamos sin interés.
Con el franquismo se decía que las Cajas tenían una función social, que consistía en crear alguna guardería o biblioteca en el barrio o pueblo en que estaba situada, pero los gestores eran honrados y las cajas, relativamente independientes del poder político, gozaron de una magnífica salud durante el franquismo y la transición.
Todo cambió con Felipe González. Las puso en manos de los partidos políticos y de los sindicatos para “democratizarlas”. ¿Por qué regla de tres democrática se llegó a la conclusión que era más democrático el control político municipal, provincial o autonómico que el control de quienes tenían su propio dinero en dichas instituciones?
Fue como poner la zorra al cuidado de las gallinas. Las Cajas se convirtieron en juguete de los políticos autonómicos, haciendo partícipes a los sindicatos, que venían con enormes ganas de tener áticos en Madrid y hacer cruceros de lujo.
El dinero salía de las Cajas para comprar medios de comunicación y se concedían créditos a amigos de los políticos, a empresas que quebraban al día siguiente y se financiaban proyectos realizados por las administraciones autonómicas o municipales de dudosa rentabilidad.
El gran responsable fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO para los amigos, que era el Gobernador del Banco de España, nombrado a la sazón por Rodríguez Zapatero porque las Cajas nada podían hacer sin su consentimiento.
Mientras, Zapatero repetía que teníamos “el mejor sistema financiero del mundo” cuando las Cajas, que suponían más del 50 % del sistema, estaban casi todas quebradas.
En el año 2012, Mariano Rajoy solicitó a sus socios de la Unión Europea asistencia financiera, el llamado rescate. De los 240.000 millones que disponía la Unión para este fin, le ofreció a España un préstamo cuyo tope máximo era de 100.000 millones, siempre que las entidades crediticias efectuaran una serie de reformas, entre ellas el cambio de sus directivos. El gobierno reclamaría a las que recibieran ayuda la devolución del préstamo cuando estuvieran saneadas, pero gran parte de la misma no ha sido devuelta.
Ese rescate nos ha costado 61.495 millones de euros, 1.305 euros por barba. De los bancos solo fue rescatado el Banco de Valencia, filial de Bancaja y por tanto semi público y nos costó su rescate 7.000 millones.
Aunque el desfalco de las Cajas de Ahorro, producidos por todos partidos políticos, pero especialmente por el PSOE y los sindicatos es el mayor que se ha producido en la historia de España, el Partido Socialista considera que es el momento de volver a tener una banca pública, más allá del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y para ello prepara una ponencia marco para el próximo congreso. Naturalmente la nueva banca pública le parecerá escasa a los comunistas. ¿Cuánto tardará en precisar un nuevo rescate?
Enrique Gómez Gonzalvo, 06/03/2017. Referencia 149
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